Andalucía aprueba la primera Ley de Economía Circular de España: claves de una norma para la reutilización de productos

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles a la primera Ley de Economía Circular de la comunidad, pionera también en España, una norma que entrará en vigor a finales de abril y que pretende cambiar el modelo de gestión lineal de los residuos por uno circular para que estos "dejen de ser un problema para el medio ambiente y se conviertan en una oportunidad".

La ley, ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, contribuirá a un "gran ahorro" económico de las familias y creará empleo a través de nuevos nichos de mercado, como la producción de biomasa o agrocombustible a partir del compost o de residuos agrícolas.

El debate final en la Cámara andaluza ha concluido con los votos a favor del PP y del PSOE, el rechazo de Vox y la abstención de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Qué persigue la norma

El objetivo de esta ley es que los residuos se conviertan en productos, reduciendo su impacto contaminante y favoreciendo la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático. Ello implicará una menor extracción de materias primas, una disminución de residuos en los vertederos y, en consecuencia, un menor impacto ambiental.

Igualmente, se analizará el ciclo de vida de los productos, servicios y obras para estudiar cada una de sus etapas. Y se impulsará también el modelo circular en la obra pública.

Norma municipalista

Fernández-Pacheco ha defendido esta como una ley "municipalista", que ha contado con el apoyo de los ayuntamientos, a los que se les ofrecerán los instrumentos de planificación necesarios en el ámbito local. En concreto, la nueva norma establece un plazo de dos años para que los consistorios andaluces adapten sus ordenanzas en materia de gestión de residuos y fomento de la economía circular.

Empresas

La norma reduce a menos de la mitad los requisitos para que las inversiones empresariales de economía circular sean declaradas de interés estratégico. Así, se considerarán como tales las que generen 25 empleos a tiempo completo con una inversión superior a diez millones de euros, frente a los 50 empleos y 25 millones de inversión que establece el decreto ley de inversiones estratégicas.

Además, se prevén bonificaciones fiscales para los productos recuperados o reparados; las empresas de transformación, distribución alimentaria o restauración que reduzcan de forma verificable los desperdicios de alimentos; para la prevención y recogida de basuras marinas; y para empresas, domicilios, comunidades de vecinos u otros usuarios que adopten sistemas de compostaje de bioresiduos.

También se creará un registro de inscripción voluntaria en el que las empresas puedan declarar el coste del ciclo de vida de un determinado bien y detallen el impacto ambiental que ha tenido su fabricación y producción. Esto, defiende la Junta, supondrá un "plus" en los procesos de contratación pública y una "ventaja competitiva" de cara a los clientes, "cada vez más exigentes con la sostenibilidad de los productos que compran".

Se recogen igualmente como prioritarios el aluminio, el acero, el cemento y los productos químicos, por lo que el uso de estos materiales tendrá una consideración especial por parte de la Administración, lo que permitirá, por ejemplo, una agilización de los trámites administrativos.

Vivienda

Una vez entre en vigor la norma, las nuevas viviendas y edificios públicos deberán regirse por criterios de eficiencia y ahorro del agua, siendo ecoeficientes y garantizando el confort térmico y la reducción del consumo energético. Además, las nuevas urbanizaciones deberán apostar por pavimentos permeables y medidas de recuperación y reutilización de las aguas pluviales y el uso de tanques de tormenta.

Residuos peligrosos

La norma aprobada este miércoles recoge la prohibición de entrada de residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía cuando el destino sea un vertedero andaluz. La Junta sí asumirá los que generen las empresas andaluzas, que serán tratados en los vertederos autorizados de la comunidad. Pero, insiste la Consejería del ramo, "no vamos a almacenar productos peligrosos de fuera de nuestro territorio".

Otros objetivos

La Ley de Economía Circular apuesta por el consumo de proximidad, especialmente en la contratación pública; establece cómo reciclar o reutilizar los bienes no vendidos para que no contaminen; prevé la reducción de alimentos que, aun siendo aptos para el consumo, no cumplan los criterios de comercialización por calibre, color o estética.

También garantiza que los fabricantes ofrezcan piezas de repuesto y fomenta que se vuelva a las reparaciones más allá de las obligaciones legales. Se establecen fondos de conectividad digital, que permitirán que los equipos informáticos cuyas prestaciones queden obsoletas para usos empresariales puedan ser cedidos a la comunidad educativa.

Y se establecen medidas para la reducción de producción de residuos de deconstrucción y demolición y la mejora de su tratamiento. Entre ellas, fianzas a nivel municipal, a tramitar junto con la licencia de obras, que serán devueltas a los promotores de las obras una vez que acrediten que los escombros han sido tratados por un agente autorizado, lo que evitará el acopio de estos materiales en cunetas y espacios naturales.

Sanciones

La norma establece sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 120.000 euros, o bien hasta el doble del beneficio obtenido por la conducta infractora, así como la clausura de instalaciones, cierres temporales entre tres y cinco años, inhabilitaciones para ejercer la actividad entre uno y cinco años, y medidas provisionales para casos de urgencia. Se trata siempre de sanciones administrativas que no pueden aplicarse cuando se hayan abierto casos penales. Además, los inspectores serán funcionarios considerados como agentes de la autoridad.